Individuos mexicano-americanos de los estados fronterizos del sur se enfrentan a demoras y rechazos

PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA
CONTACTO:  (212) 549 -2666; media@aclu.org

McAllen, TX - El día de hoy nueve ciudadanos estadounidenses demandaron al gobierno federal, impugnando al Departamento de Estado por negarse a expedir pasaportes a causa de la raza o ascendencia y por el hecho que los individuos nacieron con la ayuda de parteras. La demanda de acción de clase, entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles, o ACLU, por sus siglas en inglés, la ACLU de Texas, el despacho jurídico internacional Hogan & Hartson LLP y Refugio del Rio Grande, Inc., se respalda en una denuncia archivada a principios de año.

La demanda alega que el Departamento de Estado cuestiona de manera categórica la ciudadanía de prácticamente todo nacimiento de individuos mexicano-americanos que se haya efectuado con la ayuda de una partera en los estados fronterizos del sur. Según la demanda, el Departamento de Estado ha estado obligando a dichos solicitantes a sujetarse a requisitos que no son razonables para comprobar su ciudadanía, incluyendo la presentación de una cantidad excesiva de documentos que normalmente no se requieren. Luego, incluso después que lo solicitantes han proporcionado pruebas adicionales de su ciudadanía, el Departamento responde con la cancelación de sus solicitudes.

"Con base en sospechas generalizadas de tipo racial, el Departamento de Estado está enviando a este grupo seleccionado de solicitantes de pasaporte en una búsqueda sin sentido rehúsándose al final  a expedirles pasaportes sin una evaluación justa de sus casos individuales", afirma la abogada Robin Goldfaden, del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. "El denegar pasaportes a ciudadanos estadounidenses de esta manera representa sin duda una violación de la ley que va contra los valores esenciales de la justicia y la igualdad."

La necesidad de un pasaporte se ha convertido en algo particularmente urgente para los ciudadanos que necesitan o desean viajar fuera de los Estados Unidos. Con motivo de la Iniciativa sobre los Viajes en el Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés), todo estadounidense que quiera ingresar o reingresar a los EE.UU. debe tener un pasaporte de los EE.UU. vigente, o bien una tarjeta pasaporte a más tardar el mes de junio del 2009. Antes de la WHTI, sólo se requería una licencia de conducir para poder ingresar o reingresar a los EE.UU. desde Canadá o México. Como resultado, ha habido un enorme auge en las solicitudes de pasaporte. Los estadounidenses que deben cruzar la frontera a diario para trabajar o por compromisos de tipo familiar que no hayan recibido sus pasaportes se verán de hecho impedidos para efectuar sus asuntos cotidianos.

Para un sinnúmero de latinos que nacieron con la asistencia de parteras en el sudeste del país, sin embargo, el intentar obtener un pasaporte se ha convertido en un acto inútil. Aunque el oficio de partera ha estado arraigado desde hace más de un siglo, especialmente en comunidades rurales y marginadas, el gobierno de los EE.UU. ha impuesto obstáculos infranqueables a los latinos que nacieron con la ayuda de una partera, para que ellos puedan comprobar su ciudadanía.  De esta manera se le ha negado el derecho a obtener un pasaporte estadounidense, incluso en casos en que su ciudadanía ya ha sido verificada con anterioridad. El gobierno ha exigido documentos que nunca existieron, como un informe del censo de 1935, o que ya no existen, como los expedientes de la primaria que los distritos escolares destruyeron hace mucho tiempo. Asimismo, se les han exigido documentos que sólo el gobierno mismo podría presentar, como documentos de inmigración que se le devolvieron hace años al Servicio de Inmigración y Naturalización.

La demanda alega que existe un patrón y una práctica del Departamento de Estado que equivalen a la discriminación en base a la raza o ascendencia, lo cual es una violación de los derechos de los solicitantes a la protección igualitaria  de la ley. La demanda también acusa que las prácticas del Departamento quebrantan el debido proceso de la ley y la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual se promulgó para salvaguardar contra procedimientos gubernamentales arbitrarios y caprichosos.

"El gobierno de los EE.UU. prácticamente ha reducido un sector completo de la población a ciudadanos de segunda clase a causa de sus apellidos, por el hecho que nacieron en casa con una partera," señaló Vanita Gupta, abogada del Programa de Justicia Racial de la ACLU. "Nuestros clientes han reunido con creces los requisitos para obtener un pasaporte de los EE.UU. Es injusto que el gobierno aumente los requisitos hasta niveles imposibles y que luego archive las solicitudes de todo un sector de la población por el simple hecho de que se sospeche que un número reducido de ellos no deberían tener un pasaporte."

David Hernández, que cuenta con la representación de la ACLU, es un ciudadano estadounidense que nació en San Benito, Texas, en 1964. Hernández vivió y se educó en Río Grande Valley y prestó servicio honorable en el ejercito de los EE.UU., donde fue condecorado con varias medallas y listones. La solicitud de pasaporte de Hernández se canceló aun después que respondió a una solicitud de documentación adicional por parte del Departamento, brindando mayores evidencias de su nacimiento y bautismo en los Estados Unidos, además de pruebas de la residencia de su madre en el momento de su nacimiento, expedientes de inmunización, historiales académicos, e incluso una carta del Registro Civil mexicano aclarando que no contaban con ningún documento que constatara que Hernández había nacido en México.

"Yo pensaba que se suponía que en los Estados Unidos todos éramos iguales", se lamentó Hernández. " Yo nací acá. He vivido y trabajado aquí y cumplí servicio militar. Me siento traicionado, como si mi país me estuviera apuñalando por la espalda por el hecho que mi mamá no se podía dar el lujo de tenerme en un hospital."

Juan Aranda, otro demandante en el caso, nació en Weslaco, Texas en 1970 y ha vivido y trabajado en los Estados Unidos toda su vida. Trabaja como supervisor en una compañía estadounidense que vende agua potable en México y con frecuencia debe cruzar la frontera como parte de su trabajo. Adelantándose al nuevo requisito de poseer un pasaporte, lo solicitó el año pasado, para lo cual incluyó su acta de nacimiento. Recibió una carta del gobierno que indicaba que requería más documentación para comprobar que había nacido en los Estados Unidos, incluyendo documentos sobre el cuidado prenatal, los cuales su madre no tenía. Aranda mandó sus expedientes académicos y de inmunización, además de su acta de bautismo y una carta donde explicaba que su madre no había recibido atención prenatal porque no le alcanzaba para pagarlo.

"Los casos de el Sr. Hernandez, Sr. Aranda y los otros demandantes en este caso son sólo la gota que derramó el vaso", dijo Brodyaga.  "Hay un sin fin de casos de personas que han solicitado pasaportes quienes como ellos han hecho todo lo que pueden por rastrear pruebas adicionales, todo para que les digan que sus solicitudes han sido canceladas".

"Para los ciudadanos que viven en la frontera, un pasaporte es tan necesario como una licencia de conducir. Es injusto que el gobierno le niegue a las personas sus derechos básicos por el hecho que sus padres no podían, o no quisieron, dar a luz en un hospital," explicó la Directora Jurídica de la ACLU de Texas, Lisa Graybill.

Los demandados en el caso que se encuentra ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. en el Distrito Sur de Texas son la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, el Subsecretario de Administración, Patrick F. Kennedy, el Subsecretario de Estado para Asuntos Consulares, Maura Harty, la Directora Administrativa de la Dirección de Servicios de Pasaporte, Ann Barrett, y los Estados Unidos de America.

Los abogados del caso, Castelano, et al. v. Rice, et al., para los demandantes incluyen a Goldfaden del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU; Gupta del Programa de Justicia Racial de la ACLU; Graybill de la ACLU de Texas; Adam K. Levin, Melissa Henke, David Weiner y Robert Wolinsky de Hogan & Hartson; y Brodyaga de Refugio del Rio Grande, Inc.

La denuncia se encuentra en línea en: www.aclu.org/immigrants/gen/36669lgl20080909.html

Podcasts se encuentran en línea en: www.aclu.org/racialjustice/gen/passports.html