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SAN FRANCISCO - Un juez federal emitió una orden preliminar el día de hoy, la cual le prohibe al gobierno hacer cumplir una nueva regla que utilizaría los archivos del seguro social para hacer cumplir las leyes de inmigración, evitando así que los ciudadanos y residentes legales de EE.UU. pierdan sus trabajos a causa de errores en la base de datos de la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, o SSA, por sus siglas en inglés). La orden impide que entre en vigor una nueva regla del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, o DHS, por sus siglas en inglés), hasta que el juez emita su dictamen final al cabo de un juicio. La regla castigaría a los empleadores si no toman medidas después de recibir cartas de la Administración del Seguro Social, indicando que no concuerda el número de seguro social.

El juez de Distrito Federal, Charles R. Breyer, concluyó que "la propuesta del gobierno de distribuir cartas que indiquen que no concuerda determinado número de seguro social, de hecho afectaría a más de ocho millones de trabajadores y, en el plazo obligatorio, resultaría en el despido ilegal de trabajadores con empleo legal." El juez también dedujo que "si se permitiera el envío de las cartas, junto con la carta con directivas del DHS, causaría daños irreversibles a trabajadores y empleadores inocentes."

"Esto representa un paso importante hacia la reversión de esta regla ilegal, la cual le otorgaría a los empleadores una manera aun más severa de impedir que los trabajadores se sindicalicen libremente," afirmó John Sweeney, Presidente de la AFL-CIO. "Más del 70% de las discrepancias de la SSA afectan a ciudadanos de EE.UU."

La audiencia preliminar del día de hoy resulta de una demanda entablada en agosto por la Federación Laboral de EE.UU. y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), así como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center, o NILC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Laboral Central del Condado de Alameda (Central Labor Council of Alameda), además de otros movimientos laborales locales. En la demanda, las organizaciones alegan que esta regla malconcebida infringe la ley y los derechos de los trabajadores, además de imponer obligaciones agobiantes a los empleadores, y provocar la discriminación contra los trabajadores a quienes se les perciba como inmigrantes. Varios grupos labores y empresariales se unieron a la demanda para impugnar la regla. El dictamen del día de hoy extiende la prohibición indefinidamente hasta que el juez emita su fallo final en el caso al cabo del juicio.

El Tribunal de Distrito suspendió la regla del DHS de forma temporal poco después de entablarse la demanda y prohibió al gobierno que enviara notificaciones referentes a la nueva regla a aproximadamente 140,000 empleadores a lo largo y ancho del país.

Desde hace años, la SSA ha enviado cartas notificando a los empleadores que no concordaba la información de seguro social que proporcionaba un trabajador en un formulario W-2 con la información contenida en las bases de datos de la SSA. Las cartas de "no concuerda" nunca se habían considerado como motivo para pensar que el empleado no tuviera permiso para trabajar en EE.UU. En la actualidad, los empleadores que reciben dichas cartas de "no concuerda" no tienen la obligación de tomar medida alguna. De hecho, hay muchas razones inocentes que explican dichas discrepancias, tales como los errores secretariales, los cambios de nombre a causa del matrimonio o divorcio, y el uso de nombres de pila múltiples, algo común en muchas regiones del mundo.

"El juez vio la necesidad de sopesar a consciencia si era sensato poner en peligro los empleos de los trabajadores por culpa del desorden imperante en la base de datos del seguro social, la cual está repleta de errores," aseveró Scott Kronland, de Altshuler Berzon LLP, quien presentó alegatos en el caso.

Bajo la nueva regla del DHS, los empleadores que reciban cartas de "no concuerda" podrían verse obligados a despedir a los empleados si las discrepancias con la SSA no se resuelven en un plazo de 93 días a partir de que reciban la carta de "no concuerda." Si el empleador no responde a la carta de "no concuerda", el DHS podría concluir que el empleador tenía "conocimiento constructivo" de que un empleado no tenía autorización para trabajar en EE.UU. y por consiguiente podría enjuiciar al empleador.

"El gobierno de Bush ha demostrado su desdén hacia los trabajadores legales y los ciudadanos al adoptar una regla que castiga a los trabajadores y empleadores inocentes so pretexto de hacer cumplir las leyes de inmigración. El juez dejó al descubierto la falla fatal de la nueva regla al reconocer que las cartas de "no concuerda" se basan en archivos de la SSA que están repletos de errores y que el cambio de postura del gobierno respecto al uso de estos archivos fue incorrecto. En lugar de castigar a los ciudadanos y a los trabajadores legales, el gobierno debería dedicarse a hacer cumplir los derechos de todos los trabajadores a un buen salario y a un lugar de trabajo seguro," señaló Lucas Guttentag, Director del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, y uno de los abogados del caso.

"Nos complace que el juez haya visto la necesidad de suspender esta regla, la cual conllevaría a un aumento en la explotación y la discriminación de los trabajadores," añadió Marielena Hincapié, Abogada y Directora de Programas de la NILC. "Aunque el DHS quiere hacer uso de las cartas de "no concuerda" para hacer cumplir las leyes de inmigración, la regla del DHS haría muy poco para conseguir disminuir la inmigración de indocumentados. Por lo contrario, alentaría un aumento a la contratación clandestina por parte de empleadores que preferirían evitar los formularios W-2 y más bien pagar a sus empleados en efectivo. En consecuencia, se evadirían las protecciones básicas a los trabajadores. Las cartas de "no concuerda" simplemente servirían para sabotear los derechos laborales de los trabajadores."

La orden del día de hoy se emitió en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California.

Además de la AFL-CIO, la cual fue representada por el despacho jurídico Altshuler Berzon LLP, otras partes que participaron en la demanda incluyen el Consejo Laboral Central del Condado de Alameda (Central Labor Council of Alameda County), representado por la ACLU, la ACLU del Norte de California, y la NILC, así como el Consejo Laboral de San Francisco (San Francisco Labor Council) y el Consejo de los Oficios de Construcción (San Francisco Building and Construction Trades Council), el cual fue representado por Weinberg, Roger and Rosenfeld.

Además de Guttentag, Kronland e Hincapié, los abogados del caso incluyen a Stephen Berzon, Jonathan Weissglass, Linda Lye y Danielle Leonard de Altshuler Berzon LLP; Jonathan Hiatt, James Coppess y Ana Avendaño de la AFL-CIO; Jennifer Chang, Mónica M. Ramírez, y Omar Jadwat del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU; Alan Schlosser y Julia Mass de la ACLU del Norte de California; Linton Joaquin y Monica Guizar del NILC; y David Rosenfeld y Manjari Chawla de Weinberg, Roger y Rosenfeld.

La demanda y otros datos acerca de la demanda se pueden localizar en: www.aclu.org/nomatch